Fuente: El Universal / Gran Angular / Raúl Rodríguez Cortés
En la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación reportan extraviado o, al menos eso dicen, el expediente del permiso o licencia para operar casas de apuestas DGG723/1997, el cual —le cuento nada más para abrir boca— ampara ilegalmente a dos empresas formalmente constituidas.
Ese permiso —sobre el que algunos de los actuales concesionarios de esos negocios han pedido a la Segob que investigue la posibilidad de que sea una falsificación— tiene fecha de expedición 18 de diciembre de 1997 a favor de Comercial de Juegos de la Frontera S.A. de C.V., con sede en Ciudad Juárez, comercialmente conocida como UNO y presidida por Miguel del Río Liquidano.
Este último entró en conflicto con su socio, Javier Rodríguez Borgio, quien constituyó por su parte la empresa Big Bola con operaciones en Boca del Río y Tlalnepantla, entre otros, y que utiliza para operar la misma licencia DGG723/1997.
Hasta donde pudimos indagar, la titularidad del permiso fue sometida a un juicio civil que finalmente favoreció a Rodríguez Borgio por lo que en semanas recientes han sido clausurados algunos de los centros de apuestas de Del Río Liquidano.
Rodríguez Borgio tiene actualmente como abogado a Roberto Correa Méndez, quien bien podría ser la punta de una madeja de corrupción que habría que jalar para desvelar la ilegalidad que cubre a esa concesión, pues fue director adjunto de Juegos y Sorteos hasta el pasado 2 de enero de 2009.
Una copia simple de la licencia en cuestión, obtenida después de muchas trabas por medio de los mecanismos oficiales de acceso a la información pública el 30 de julio de 2008, ya que Correa Méndez había planteado reservar su contenido por motivos de seguridad nacional, confirma que la licencia 723 autoriza la operación de libros foráneos (apuestas en eventos deportivos transmitidos por televisión), así como de rifas y sorteos de números, por tiempo indefinido.
Llama la atención saber que en 1997 (casi siete años antes de la expedición del reglamento vigente de la Ley Federal de Juegos y Sorteos), no estaban autorizados los sorteos de números y estaba condicionado el permiso de un libro foráneo a la operación de un hipódromo o galgódromo. Además, ni entonces ni ahora se otorgan licencias por tiempo indefinido, como es el caso.
Ocurre que Comercial de Juegos de la Frontera S.A. de C.V., todavía con Del Río Liquidano y Rodríguez Borgio como socios, empezó a operar en 2002, no obstante las ilegalidades anotadas. Y lo hizo cuando Correa Méndez (hoy abogado de la empresa de Rodríguez Borgio) ya era director adjunto de Juegos y Sorteos.
Este ha llevado a algunos de los actuales concesionarios a investigar por su cuenta lo ocurrido. Algunos sugieren, incluso, que la firma del funcionario de Segob que autorizó esa licencia en 1997, el entonces director general de Gobierno, Juan Burgos Pinto, fue falsificada por “coyotes”. Aseguran también que peritos en grafología lo constatan tras el análisis de una firma cuya autenticidad no puede corroborar su autor, pues murió el 4 de enero de 2007.
Podríamos estar ante graves hechos de corrupción que debería investigar a fondo la nueva directora de Juegos y Sorteos, María Guadalupe López Mares y sus jefes Juan Bosco Martí Ascencio, titular de la Unidad de Gobierno; el subsecretario de Gobierno Roberto Gil Zuarth y el secretario de Gobernación, Francisco Blake.
RSS Comentarios
